13 de Marzo 2026
Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exfuncionaria de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, fue detenida por ocultar información en la investigación por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La exfuncionaria de 73 años es investigada por su presunta participación en el ocultamiento, pérdida o destrucción de videos captados por las cámaras del Palacio de Justicia de Guerrero, los cuales contenían parte de la evidencia sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
Miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Fiscalía, llevaron a cabo la detención en Ciudad de México a través de un operativo donde se ejecutó una orden de cateo.
La detención ocurrió la noche del 10 de marzo en la alcaldía Venustiano Carranza y en el lugar también fue arrestada Margarita Anguiano Castro, de 83 años, que se encontraba en el domicilio señalado; ambas involucradas presentan enfermedades crónico-degenerativas, de acuerdo con el informe pericial de la Fiscalía.
Evelina Ramírez, jueza de control federal de Acapulco, fue quien autorizó la orden solicitada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa bajo la carpeta de investigación FED/FEMDH/UEILCA-CDMX/000092/2026.
Avances en el caso Ayotzinapa
El último reporte por la desaparición de los 43 normalistas se dio en 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reveló pocos avances en la investigación.
Hasta ese entonces 858 sitios relacionados con los estudiantes de Ayotzinapa fueron revisados y aseguró que la carpeta permanecería abierta durante la administración de Sheinbaum para su aclaración.
La última detención vinculada a los estudiantes fue de Mauro Antonio N a inicios de marzo; fungía como director de Tránsito y Vialidad Municipal en Iguala, Guerrero, y es señalado por hacer uso de un equipo celular que pertenecía a uno de los normalistas.
Ambas detenciones se suman a una lista de arrestos que por más de una década ha incluido en sus filas a funcionarios públicos, policías, militares y miembros de organizaciones criminales que jugaron un papel en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
