26 de Febrero 2026
La crisis forense en Puebla no se limita a un problema administrativo, pues lo que está fallando no son sólo los trámites, es el sistema entero, que no termina de coordinarse y que afecta a miles de familias en el país y el estado.
En el conversatorio ¿Cómo se ve la crisis forense?, Shanik David George, responsable del Observatorio por el Derecho a la Verdad “Con los Ojos Abiertos” de la Ibero Puebla, y Aranzazú Ayala Martínez, periodista del proyecto A dónde van los desaparecidos, hablaron de falta de registros claros, de coordinación deficiente entre autoridades y de las carencias en recursos e infraestructura para identificar a miles de personas fallecidas.
En Puebla, en junio del año pasado se reportaron 224 cuerpos identificados y para octubre se habían entregado 100, pero en el informe que entregó la Fiscalía este año indicó que habían logrado 293 identificaciones y que entregaron 132 cuerpos.
Cuerpos que esperan meses o años
En su intervención Aranzazú Ayala explicó que identificar un cuerpo no siempre es un proceso sencillo, pues a veces ni siquiera hay un cuerpo completo.
“A veces ya no se le reconocen las señas particulares en la piel, en la ropa, a veces solamente hay restos óseos y esos procesos tardan meses”, dijo.
En algunos casos, las muestras deben enviarse fuera del país porque el estado en que se encuentran no permite una identificación local inmediata.
“En México hemos tenido que recurrir incluso a otros países… porque ya están en tan mal estado que no se puede”, añadió.
Para la periodista, la alerta no es nueva, es algo que se está viendo desde hace mucho tiempo, específicamente desde 2006, cuando empieza la crisis de violencia, por eso calificó como “inaceptable” que el Estado no haya previsto lo que estaba por venir.
Recordó que en el país hay alrededor de 130 mil personas desaparecidas y cerca de 70 mil cuerpos sin identificar, pero de acuerdo con su testimonio es la burocracia excesiva, la falta de recursos, la falta de personal y de infraestructura, lo que está haciendo es que las familias sufran y las personas no puedan volver a casa.
“Son 70 mil personas cuyas familias ya podrían tener descanso. ¿Por qué no? No necesariamente porque los peritos no quieran trabajar, sino porque no tienen material, no tienen condiciones dignas de trabajo y eso es una obligación del Estado” declaró.
Un problema que no es sólo de la Fiscalía
Por su parte, Shanik David George coincidió en que el tema es complejo y, además, poco atendido.
“Es un asunto que por desgracia no se le ha dado esa importancia. Es un problema que se viene arrastrando por años y que no solamente le compete a la Fiscalía General del Estado”, explicó.
La académica insistió en que la responsabilidad atraviesa a autoridades municipales, estatales y federales, sin embargo, desde el momento en que un cuerpo debe trasladarse para identificación comienzan los obstáculos, pues no hay equipos suficientes, no hay personal, no hay capacidad instalada y las familias deben esperar años.
“Para quienes estamos en la zona metropolitana quizá no se ve tan complicado. Pensemos en la gente que está en la Sierra Norte”, planteó.
Reconoció que el año pasado la Fiscalía firmó un convenio con la ONU para fortalecer la identificación de personas, pero enfatizo que ya es tarde, porque se pudo haber hecho hace mucho tiempo.
